Rusia incluyó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en la lista de personas “buscadas” por la justicia, dos meses después de que ese tribunal emitiera una orden de captura del presidente ruso, Vladimir Putin.
“Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1970. Lugar de nacimiento: Edimburgo, Escocia (…) Buscado en virtud de un artículo del Código Penal”, indica el anuncio publicado en el sitio del ministerio del Interior, consultado el viernes por la agencia de noticias AFP, sin precisar la índole del delito que se le imputa.
La CPI, con sede en La Haya, emitió en marzo una orden de captura contra Putin por la deportación ilegal de miles de niños de zonas de Ucrania bajo control ruso en el marco del conflicto con esta exrepública soviética.
Esa acusación, asimilable a crímenes de guerra, fue rechazada por el gobierno ruso, que denunció una decisión jurídicamente “nula”.
Apenas unos días después de la emisión de la orden de captura, a mediados de marzo, la justicia rusa abrió una investigación penal contra Karim Khan y otros tres jueces de la CPI.
Según la investigación, Khan es acusado de haber “presentado cargos penales contra una persona notoriamente inocente” y de “preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero”.
Anteriormente, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, anunció que también serían declarados en busca y captura los demás jueces del CPI vinculados a la orden de arresto de Putin: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.
La CPI emitió el 17 de marzo una orden de arresto contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) acusa a Khan de adoptar una “decisión ilegal sobre el arresto del presidente de la Federación Rusa” y la Defensora de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova.
Según dicho órgano, las acciones del fiscal contienen indicios de delitos contemplados por el código penal ruso, entre otras cosas, por adoptar medidas contra el representante de un Estado protegido por las normas internacionales “con el fin de entorpecer las relaciones internacionales”.
Subraya que, según las convenciones internacionales, los jefes de Estado tienen “inmunidad absoluta” con respecto a la jurisdicción de otros países.
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó la semana pasada a la CPI de ser “una herramienta obediente” en manos de los países anglosajones y de que nunca contribuyó al arreglo de los conflictos, sino a su agravamiento.
“Este auténtico pseudotribunal, convertido en una herramienta obediente en manos de los anglosajones continúa demostrando parcialidad política, ineficacia y falta de profesionalismo”, dijo Lavrov durante su intervención en el Foro Legal Internacional de San Petersburgo.
Lavrov resaltó que cuando le tocó intervenir en un problema regional el tribunal de La Haya “nunca contribuyó al arreglo político de los conflictos, sino que simplemente los agravó”.
(Con información de AFP y EFE)
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