La inseguridad en el país parece incrementarse de manera significativa sin que las autoridades puedan ejecutar acciones para frenarla o resguardar de mejor manera a la ciudadanía.
En este escenario, van apareciendo diversos casos de defensa propia, en los cuales incluso se usa armas de fuego para protección. En la última semana, por ejemplo, en el país fue noticia que el dueño de un chifa abatió a un delincuente de disparos, luego de que este ingresara a su local en el distrito de Villa El Salvador para robar el dinero de su negocio. El delincuente, antes de ello, había reducido al hijo y pareja del empresario, amenazándolos de muerte si no colaboraban con el atraco.
Este caso ha puesto, por estas semanas, la tenencia de uso de armas de fuego en el foco de la discusión pública.
“La inseguridad, cada vez más, está pasándonos por encima. Entonces, cada uno tiene que poder defendernos esta semana”, aseguró, por ejemplo, el empresario Agustín Falcone.
Hasta la fecha, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) reporta haber recibido 23 mil solicitudes de licencia de porte y uso de armas de fuego en sus diferentes modalidades, reveló recientemente Cuarto Poder.
De este total, solo 14 mil, aproximadamente, han sido aprobadas. Es decir, solo 6 de cada 10 requerimientos tienen luz verde.
El proceso, desde el momento que se solicita un arma hasta que se lo tiene en poder, tarde un lapso de 2 meses, en aproximado.
En primer lugar, para obtener un arma se tiene que pasar por una prueba de conocimientos. Posterior a ello, en otra fase, se tiene que demostrar que son capaces de armar y desarmar las piezas de una pistola 9 milímetros o un revólver.
Pero el proceso más difícil, de acuerdo con el dominical, es cuando los postulantes realizan las pruebas de puntería: deben disparar cinco veces hacia un blanco ubicado a diez metros de distancia. Para aprobar esta etapa, se tiene que acertar tres como mínimo disparos.
“Lo más importante es que la persona no tenga antecedentes, no tenga antecedentes de tipo doloso, tenga una buena condición física, tenga una buena condición psicológica”, indicó Ronald Rejas, gerente de armas y municiones de Sucamec.
¿Y cómo se obtiene un arma de fuego? Esta gestión, según reveló Cuarto Poder, inicia en una armería formal, donde las armas de fuego para uso civil se venden entre S/2.800 hasta los US$3.000 o US$4.000.
De acuerdo con Samir Haddad, instructor de tiro, el 80% de los solicitantes de armas de fuego son personas dedicadas al rubro empresarial, uno de los puntos recurrentes de la delincuencia.
“Para nosotros es muy importante saber quién tiene el arma, quién se hace responsable y que no siga debajo del colchón”, añadió Rejas.
Pese a este escenario, la tenencia de armas entre los ciudadanos es un tema que genera polémica. Por ello es que, por ejemplo, en el Congreso de la República está encarpetada una propuesta que amplía los alcances de la legítima defensa. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia del Legislativo.
“Hay pleito porque hay gente que cree que vamos a desatar la caja de pandora y que la gente va a salir a matar a todo el mundo”, indicó el congresista José Cueto, autor de esta propuesta, en diálogo con Cuarto Poder.
Cueto también ha sido el impulsor de la propuesta aprobada que busca empadronar todas las armas de fuego del país que se encuentren en situación ilegal.
De acuerdo con cifras de la Sucamec, en el país existen 36.547 personas dedicadas al rubro de la seguridad privada que tienen licencias aprobadas para portar armas de fuego. A este universo debe sumarse otras 47.000 que están a nombre de civiles, quienes la usan como defensa propia. Esto es solo en el marco legal.
“El incremento de la criminalidad es de tal magnitud que, poco a poco, está aumentando la gente que, no digo que esté en la calle disparando, pero que sí anda armada, prácticamente en la casa y en la calle”, agregó Cueto.
Ahora bien, la polémica legal no solo está en la tenencia de las armas, sino también en las consecuencias y límites de su uso como defensa legal.
El caso de Ney Chávez, dueño del chifa en Villa El Salvador, es un ejemplo reciente que evidencia la falta de claridad en la legislación sobre el uso de armas en defensa propia. Así como este, en años previos, también hubo caso de personales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fueron acusados de homicidio por actuar en defensa propia. El panorama requiere mayores esfuerzos de las autoridades para esclarecer este marco.
Mientras en ello no se avanza, lo que sí se tiene son casos de tenencia ilegal de armas y de malos efectivos de la PNP que las alquilan o venden a delincuentes. Sobre el primer escenario, según la Policía y la Sucamec, se han decomisado 2.800 armas ilegales solo en lo que ha transcurrido del año.