La Unidad de Protección Integral La Rioja vuelve a estar en el ojo de los organismos de control. Esta vez desde la Personería de Bogotá se lanzó una alerta por problemas de salubridad que afectan al menos 800 personas asentadas en esta instalación, luego de haber sido trasladadas desde el Parque Nacional, donde permanecieron por 8 meses antes de llegar a un acuerdo con el distrito.
Según comunica el Ministerio Público, en la UPI se han presentado graves situaciones de vulneración de derechos hacia la comunidad Emberá ubicada en la localidad de los Mártires. Así mismo, la Personería solicitó una articulación efectiva entre el Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá para atender y proteger los derechos de esta población, garantizando el enfoque diferencial étnico de los niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
En un comunicado emitido en las últimas horas, se advierte que los llamados a los organismos respectivos han sido reiterativos para adoptar las medidas y acciones urgentes que garanticen la vida digna de la comunidad Emberá radicada en la UPI La Rioja.
Así mismo, en el texto se resalta la exigencia del Ministerio Público a la Alcaldía Mayor para plantear nuevas unidades de protección para la población indígena: “Se solicita su intervención para lograr la reubicación o el retorno definitivo a sus territorios, protegiendo su voluntad, autonomía, usos y costumbres”.
Argumenta la Personería que estos cambios son urgentes debido a los últimos acontecimientos que han golpeado a los Emberá, entre los que destacan los fallecimientos de diez niños en el último año, de los cuales cuatro se presentaron en mayo; una grave situación de brotes de infección respiratoria aguda, aumento en las infecciones diarreicas agudas, así como de varicela. También se destaca la presencia de roedores, hacinamiento, deficiencias en la ventilación e iluminación, estancamiento de aguas y la existencia de pipetas de gas con riesgos de incendios, entre otros.
En el comunicado expedido por el Ministerio público, se dejan manifiestas las siguientes solicitudes a las entidades distritales.
- Traslado inmediato de la población indígena en la UPI La Rioja, Los Mártires, precisando el lugar donde serán ubicados y fecha estimada para este traslado.
- Remitir el actual Plan de Reubicación con enfoque diferencial étnico acorde con la Resolución 0027 de 2022, subrayando nuestros requerimientos del 28 de febrero de 2023.
Entre tanto, la Personería también envió un llamado de alerta al Ministerio del Interior, informando la grave situación de la unidad de protección, además de solicitar un mayor despliegue de las capacidades institucionales que protejan a esta población indígena. En el documento también le solicitan a Luis Fernando Velasco, jefe de la cartera, atender de inmediato a los indígenas Emberá Katío y Chamí, quienes ya completan un año de estar en la UPI La Rioja, luego de que se firmara un acuerdo que permitió su salida del Parque Nacional. “Solicita se establezca una mejor y mayor articulación interinstitucional que efectivice la atención que requiere de manera urgente estos sujetos de especial protección constitucional, que hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad manifiesta” se deja ver en una parte del comunicado.
Finalmente, la Personería de Bogotá reiteró su compromiso en la dignidad de las comunidades, además de asegurar que seguirán actuando como guardianes de los derechos en protección y garantía de las víctimas del conflicto armado interno.
Según la Unidad para las Víctimas, la migración de la comunidad indígena Emberá hacia la capital ha sido producto de la violencia desatada en medio del conflicto armado y la presencia de grupos armados, por lo que muchos de ellos no han podido regresar a sus territorios debido a la falta de garantías en seguridad. Aunque en los últimos meses se ha velado por el retorno de las comunidades a sus territorios, aún se cuentan por centenas los miembros de estas comunidades que mantienen en las Unidades de Protección Integral a la espera de soluciones.
La directora de la entidad, Patricia Tobón, resaltó que: “Hacer que tengan condiciones dignas en sus territorios garantizará un retorno sostenible. Si no hay un servicio integral del Estado, se seguirá presentando esta situación y que dependan de grandes ciudades”.
