Luego de que se hiciera público el inicio de las investigaciones en contra de al menos cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su participación en la masacre de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, diversas organizaciones se pronunciaron para exigir que el caso sea llevado ante las autoridades civiles.
Mediante un comunicado, el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, integrado por organizaciones como Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, manifestó su rechazo a la manera en que, según la información disponible, los elementos castrenses agredieron a las víctimas.
El proyecto impulsado por organismos de la sociedad civil hizo énfasis en las contradicciones existentes entre la versión oficial de la Sedena y el relato de un joven que sobrevivió a los hechos ocurridos la madrugada del 26 de febrero.
Conviene resaltar que, acorde con la relatoría de lo ocurrido presentada por la corporación, los militares vigilaban la zona de Nuevo Laredo cerca de las cinco de la mañana cuando escucharon algunos disparos y se movilizaron hacia el origen de los mismos.
Fue durante esta acción que vieron a siete sujetos circulando, aparentemente a exceso de velocidad, a bordo de una camioneta pick up. Al notar la presencia de los agentes, los jóvenes habrían acelerado su marcha “de manera intempestiva y evasiva” hasta que se impactaron con un auto.
En ese momento, luego de escuchar “un estruendo” —que no se especificó si fue un disparo o algo que representara una situación de riesgo—, los militares accionaron sus armas.
“De acuerdo con testimonios de testigos y reportes periodísticos basados con el informe policial homologado y en las diligencias periciales practicadas y difundidas, los miembros del Ejército dispararon en repetidas ocasiones y sin razón alguna en contra de civiles”, añadió el Observatorio en su comunicado.
Este hecho, que cobró la vida de cinco personas, fue considerado como una muestra de que “el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a derechos humanos”.
Aunado a ello, las organizaciones que conforman dicha iniciativa hicieron un llamado a las autoridades para que los hechos sean investigados con imparcialidad, transparencia y respeto tanto para las víctimas como para sus familiares.
Asimismo, exigieron una “rendición de cuentas” para evitar la impunidad por estos actos y pidieron que “sea juzgado por autoridades civiles” debido a que no ha habido claridad respecto a la jurisdicción que encabezará este caso.
“Solicitamos que las acciones de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas se lleven a cabo con la presencia y colaboración de las corporaciones policiales”.
Según información compartida por el periodista Ciro Gómez Leyva, cuatro de los soldados involucrados en estas acciones ya fueron entrevistados por la Fiscalía General de la República (FGR). En conformidad con la información que arrojen las indagatorias, podrían ser acusados por el fuero militar por desobediencia, mientras que las autoridades civiles podrían señalarlos por homicidio y lesiones.
Cabe recordar que, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desde 2011 que el fuero militar sería inoperante en casos donde se presuma la existencia de violaciones a derechos humanos de civiles por parte de militares. En estas situaciones, los elementos castrenses deberán ser sancionados por los tribunales ordinarios.
Por otro lado, el Código de Justicia Militar establece que comete el delito de desobediencia “el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla”. La persona responsable de incurrir en este ilícito podría recibir de uno a dos años de cárcel, según la gravedad de sus actos.
