A grandes problemas, grandes soluciones. El colapso de la Seguridad Social se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de José Luis Escrivá, que con el objetivo de acabar con la situación de bloqueo actual que sufre la administración, ha propuesto pagar a los trabajadores seis euros por cada cita –tanto presencial como telefónica– que atiendan durante sus horas extras.
Concretamente, el Gobierno ha remitido una misiva a las direcciones provinciales para conocer cuantos trabajadores estarían interesados en participar en estas medidas enmarcadas en el nuevo Plan de intensificación de atención directa a la ciudadanía, que consiste en la realización de tareas de atención directa al ciudadano y que deberán realizarse fuera de la jornada laboral ordinaria –es decir, horas extra, en un horario entre las 16:00 y las 18:00, en los días en los que no haya horario de tarde– y siempre que se haya cumplido el volumen de la atención correspondiente a la jornada habitual.
La medida no soluciona el principal escollo de la administración: la importante pérdida de personal que impide un buen funcionamiento de los servicios y que propicia los interminables tiempos de espera para pedir cita, así como al mercado negro que se ha desarrollado en los últimos meses.
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Uno de los puntos más llamativos de esta propuesta es que además de los trabajadores de los Centros de Atención e Información (CAISS), especializados en la atención al público, podrán sumarse a este plan todos los trabajadores de las Direcciones Provinciales. Una medida a la desesperada que suscita cierta polémica ya que, al no ser trabajadores especializados en la atención y gestión de la ciudadanía, podría ir en detrimento del servicio prestado.
Tras más de una década en la que la Seguridad Social ha sufrido una importante pérdida de trabajadores, Escrivá ha asegurado que se van a reforzar las plantillas de funcionarios este año para evitar “cuellos de botella” en la atención a la ciudadanía.
Otra medida que se ha tomado es el aumento del plazo de parrilla de siete días para hacer la cita previa, que pasará a ser de 28 días. De esta manera, se pretende garantizar que los ciudadanos puedan conseguir una cita previa en el día y la hora que les resulte más conveniente. Según el ministro de Seguridad Social, la parrilla de siete días era insuficiente y no permitía a los ciudadanos encontrar una cita cuando ellos querían. Además, se ha habilitado un único teléfono a nivel nacional para solicitar citas previas.
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