Las protestas contra del gobierno de Dina Boluarte dejó como saldo más de 60 peruanos fallecidos. El hecho no solo llamó la atención de entidades internacionales, sino que obligó al Ministerio Público a iniciar una investigación en torno a lo sucedido. Es así que la presidenta es parte de un proceso por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, el mismo que ha sido criticado por su defensa legal.
“Nadie está buscando impunidad, sino que hay que ser correctos. El señalamiento de genocidio es completamente irresponsable”, dijo el abogado Joseph Campos en conversación con Exitosa Noticias. Este indicó que dichos señalamientos son propios de un activista “que cree que todo es así, pero no lo puede hacer el Ministerio Público”. Este agregó que la jefa de Estado ya ha lamentado la muerte de ciudadanos.
“Para establecer ese señalamiento, tendría que haber habido una orden para que vayan a matarlos. Y existe amplia argumentación donde las instrucciones de controlar el orden publico han sido siguiendo la ley y los instrumentos internacionales, y la hemos escuchado a la presidenta de la República lamentar (las muertes), exhortar a la paz, a la calma”, precisó el abogado sobre el accionar de Dina Boluarte.
Para Campos, el Ministerio Público “no puede ser mesa de parte de la calle”. “Debe ser el técnico al que la Constitución le pone una tarea, es el titular de la acción penal (…), al final de cuentas, le están haciendo el juego a quienes quieren –el artículo 117, no sirve ni para proteger a la mandataria– una investigación preliminar”, dijo en conversación con Caretas. A dicho medio calificó de despropósito decisión de la Fiscalía.
Desde el Ministerio Público se ha informado que se ha dispuesto la creación de un equipo especial de fiscales que investiguen los casos con víctimas durante las protestas sociales. El documento publicado en el diario oficial El peruano señala que estos tienen “competencia nacional para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad, delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros”.
La fiscal Marena Mendoza Sánchez será la coordinadora del equipo de trabajo. Junto a ella estarán Segundo Núñez Rodríguez, Mirela Coronel Molero, Mary Rojas Jara, Wilton Asto Rivas, Walter Carrasco Otárola, Anthony Olivares Silva, Lidia Nieto Pablo, Joás Padilla Morán, Lina Montes Reynalte, Roser Valencia Garriazo y Brian Roca Orosco, según la resolución publicada.
Al 3 de abril la Defensoría del Pueblo seguía compartiendo actualizaciones en torno a la crisis política y protesta social. Durante el día ni se han registrado bloqueos de vías nacionales ni enfrentamientos con las fuerzas del orden. Arequipa, Cajamarca , Lima y Puno son los únicos lugares donde se habrían hecho convocatorias anunciadas por organizaciones sociales. Las actividades se realizarán en los próximos dos días.
Hasta el momento se han registrado 49 civiles fallecidos en los enfrentamientos ocurridos durante las protestas, once civiles perdieron la vida por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo mientras que seis militares y un policía tuvieron el mismo destino durante el conflicto registrado. En total, existieron 1,335 personas heridas entre civiles (972), policías (337) y militares (26).
