La Cámara de Diputados de la Nación convocó este miércoles a dos actividades de importancia para los ciento cinco mil tomadores de los créditos hipotecarios UVA lanzados en 2016 con el objetivo de adquirir viviendas familiares.
La primera será un plenario de comisiones, previsto para las 12, en el que los distintos bloques parlamentarios intentarán unificar un proyecto común. La segunda, está prevista dos horas más tarde, a las 14, ya en el recinto, cuando se desarrolle la sesión especial solicitada por el diputado mendocino Julio Cobos, para debatir el proyecto de su autoría sobre el tema.
En principio, el proyecto de Cobos cuenta con 36 artículos que son el resultado de los reclamos de un grupo de tomadores de la provincia de Mendoza, quienes al igual que en el resto del país, se vieron arrasados por la forma en que el sistema UVA establece la actualización de las cuotas. Tras un largo recorrido, se materializó en el proyecto de ley que disparará la discusión este miércoles.
Te puede interesar: Créditos UVA: cuál es la solución que analiza el gobierno para los deudores hipotecarios que no puedan pagar
Si bien las distintas fuerzas políticas buscan el mismo objetivo, el de alivianar la carga de los deudores, hay matices entre las distintas propuestas. Esas diferencias intentarán ser saldadas en el plenario que tendrá lugar en la previa de la sesión.
Las dos actividades fueron incluidas en la agenda parlamentaria informada oficialmente por la Cámara de Diputados. El plenario del mediodía tendrá lugar al mediodía en el Anexo C, situado en el segundo piso del edificio ubicado frente al palacio legislativo, sobre calle Rivadavia.
El reclamo central de los tomadores de esta línea de créditos, surgidos durante la presidencia de Mauricio Macri, se enfoca en la manera en la que se actualiza el monto a pagar por las cuotas del crédito. El mecanismo toma como referencia el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), cuyo dato fundamental para definir el nuevo monto es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. Es decir, la tasa de inflación.
Asimismo, ese indicador define el monto de la deuda total, por lo que el capital tomado inicialmente va agigantándose por el cálculo.
Te puede interesar: Pese a la alta inflación, los créditos hipotecarios indexados mantienen muy baja morosidad
La diferencia entre la evolución de las cuotas a pagar y la actualización de los salarios es lo que ha hecho que los tomadores de los créditos consideren desproporcionada la deuda original con la que les quedó al cabo de varios años con altos índices de inflación.
El proyecto que llevará Cobos al recinto propone algunas opciones para morigerar el resultado de la ecuación original. En primer lugar, establece para cada deudor hipotecario la posibilidad de renegociar por única vez el contrato con el banco que le otorgó el crédito. En el 47% de los casos el préstamos hipotecario fue concedido por el Banco Nación.
Esa renegociación implica la posibilidad por un cambio de régimen, esto es, la posibilidad de pasar del valor UVA a la tasa UVI, que pone un límite del 5% a los intereses que se calculan sobre la deuda.
No obstante, grupos autoconvocados de tomadores del crédito argumentan que esto no representa una variación sustancial del problema ya que sigue siendo el IPC la base del cálculo. Dado que ha sido una constante que los salarios evolucionen por detrás de la inflación en los últimos años, proponen que la cuota del crédito se calcule con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Por otra parte, el proyecto del diputado radical de la provincia de Mendoza, ex vicepresidente durante el período 2007-2011, fija la suspensión de los desalojos y las ejecuciones del créditos por el término de un año.
Asimismo, dispone la creación de un fideicomiso que tendría como objetivo “estabilizar” el valor de las cuotas, en caso de que el incremento supere en un 10% la evolución de los salarios.
Pese a la preocupación largamente expresada por los tomadores del créditos, los esfuerzos por cumplir con el pago han arrojado bajos índices de morosidad. Un informe del Banco Central de 2022 indica que sólo el 1,6% de los hipotecados ha presentado irregularidades en el cumplimiento de sus compromisos.
Sin embargo, los reclamos activos por parte de los ciudadanos que plantean el desfasaje han instalado el tema en la agenda parlamentaria en los últimos períodos de sesiones ordinarias.
Seguir leyendo:
