El fiscal Guillermo Marijuan denunció por lavado de dinero las maniobras detrás de la estafa que sufrió Luis Vázquez, un empresario inmobiliario que se quedó pobre cuando estaba agonizando. En coma, su apoderado vendió más de 30 propiedades a un precio irrisorio. La mayoría de los compradores fueron familiares y allegados. El caso había sido revelado por Infobae en plena pandemia y estuvo a punto de quedar en la nada. Pero la justicia provincial activó sobre la hora de prescripción una seguidilla de indagatorias que incluyeron un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación.
Con esa causa avanzando a paso lento, con la repercusión mediática que tuvo la nota de Infobae, Marijuan tomó nota y abrió una investigación preliminar en Comodoro Py en donde declararon familiares del jubilado fallecido: hablaron de lavado de dinero, falsedades ideológicas, evasión tributaria -entre otras calificación- que involucrarían al escribano Andrés Ariel Ringuelet. Presentaron documentación y pidieron que se analizara la causa.
La historia se remonta a 2009, cuando Luis Vázquez decidió darle un poder general de administración –que también era recíproco- a Maximiliano Teta, su hombre de confianza. En 2016, el hombre comenzó a tener problemas de salud y el 13 de julio de 2016 tuvo un ACV que lo dejó inhabilitado. En solo 59 días, Teta vendió 34 propiedades a familiares y amigos, algunos de los cuales cobraban una AUH y no tenían poder de compra. En algunos casos, el precio en que se vendió llegó a ser infinitamente menor al valor de plaza. Vázquez poco después murió sin recuperar la conciencia. “Después del fallecimiento de Luis Vázquez, la caja fue abierta y se encontró vacía”, se denunció.
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La causa se abrió el 7 de junio del 2020, con la denuncia de los abogados Juan Caimi Villanueva y Matías Ledesma, en representación de los sobrinos y herederos del jubilado. En ese momento se pidió la citación a indagatoria de todos los acusados. Durante 24 meses no se hizo casi nada en el expediente. Pero a mitad de año la justicia finalmente concretó un allanamiento en la escribanía de la localidad bonaerense de Ezeiza donde se hicieron todas las transacciones.
El operativo tuvo circunstancias insólitas. Es que la medida fue anunciada a todas las partes de la causa. Los querellantes denunciaron que los citaron a 25 minutos del lugar de la escribanía cuando la policía ya estaba en el punto del objetivo con testigos. Del lugar, vieron salir a una mujer con un cochecito de bebé. Todo fue filmado por uno de los abogados que, sospechando, se fue directo al lugar donde creía que se haría el procedimiento.
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En julio último, la fiscalía de Lomas de Zamora resolvió citar a indagatoria a tres sospechosos por un delito menor y no por toda la maniobra en donde la familia denuncia una banda dedicada a estafar. Los convocados fueron el escribano Ringuelet y a Enrique Cayetano Vitelli e Ian Yoel Rodríguez, por un delito menor. Pero luego de las quejas de los querellantes el fiscal decidió convocar a unos 30 sospechosos a indagatoria. Entre ellos se incluyó a al secretario de Desarrollo Territorial en Ministerio de Hábitat de la Nación, Luis Scatolini, socio de la escribanía de Ezeiza que tuvo intervención en los hechos investigados y quien, en diálogo con Infobae, desmintió una vinculación con el caso. El llamado a indagatorias frenó el peligro de la prescripción, pero el caso -según los denunciantes- viene avanzando a paso lento.
Para el fiscal, el perjuicio económico provocado para los herederos de Vázquez fue de $7.790.000, según la escritura nominal de la venta que está cuestionada como simulada. La tasación realizada sobre los inmuebles vendidos, en cambio, asciende a 14 millones de dólares. Esa es la cifra que reclamara la familia.
En ese contexto, aparece ahora la denuncia de Marijuan en los tribunales de Comodoro Py. Con la presentación hecha por familiares de Vázquez, el titular de la fiscalía federal 9 revisó la causa que se instruye en Lomas de Zamora y escuchó a distintos testigos. “En el marco de esta investigación preliminar, los elementos colectados permiten sospechar la posible comisión de los sucesos introducidos, relativos a la constitución de la sociedad con la finalidad de que le sean transferidos y administre los bienes que formaron parte del acervo hereditario del causante Vázquez, y que estuvieran alcanzados en la cesión de derechos celebrada entre Fabio Alegre y la sociedad representada por José Luis Villalobo”, escribió Marijuan, en el dictamen al que accedió Infobae.
El fiscal señaló que “en relación al escribano Andrés Ringuelet, si bien se desconoce con precisión la intimación formulada y prueba colectada por la Unidad Funcional N° 8 en el expediente de trámite ante la Justicia de Lomas de Zamora, las circunstancias aquí traídas exponen la necesidad de que se investigue si cumplió con sus obligaciones como notario al momento de intervenir en las escrituras traslativas de dominio”.
“En tal caso, resulta elemental determinar si se hallaba obligado u omitió realizar algún tipo de reporte ante la Unidad de Información Financiera con motivo de tales operaciones; situación que en caso de verificarse su incumplimiento podría resultar pasible de reproche penal”, agregó.
Sobre ese escenario, Marijuan radicó una denuncia penal que por sorteo recayó en el juzgado federal 12, a cargo del juez Ariel Lijo, que ahora deberá girar la denuncia a la fiscalía para que dictamine si impulsa la investigación.
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