Foto: De archivo / Reuters
En la mañana del 6 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aceptó el llamado de la Corte Suprema de Justicia y admitió que el fiscal general de la Nación, en este caso, Francisco Barbosa, no se encuentra subordinado a ningún funcionario, pero sí a la Constitución colombiana.
En el primer aparte de la carta del presidente Gustavo Petro, señala la importancia del trabajo armónico entre las entidades del Estado, sobre todo entre la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación.
“La preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal requieren de la colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, fundamentalmente del Presidente de la República y de la Fiscalía General de la Nación”, dice el comunicado de Presidencia.
Petro señala que el deber de la Fiscalía es proporcionar información sobre las diferentes investigaciones que se llevan a cabo al presidente de la República.
“(…) la Carta Política le ordena al fiscal, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 251, suministrar al presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta sea relevante en materia de orden público”, dice la misiva.
En el 4 párrafo, el presidente señala que si bien, el fiscal no es subordinado de ningún funcionario público, sí es “subordinado de la Constitución” de 1991.
“Es verdad que, en términos generales, el Fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley”.
En la segunda mitad del mismo párrafo, el presidente cuestiona duramente al fiscal Barbosa, señalando que la cabeza del ente investigador guarda silencio en complicidad, dada las denuncias en contra de Daniel Hernández, fiscal delegado.
“En situaciones como esta, en donde el Fiscal General entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente sino que está violando la Constitución”, dice Petro.
Señaló también que es peligroso ese silecio de Barbosa cuando se trata de denuncias sobre “asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública”.
“Grave daño le hace el Fiscal General a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública. El fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI”.
Finalmente, Petro señala que respetará la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, pero no guardará silencio ante las graves denuncias.
“Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como Presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias”, finaliza la carta que es posteada desde Portugal (Europa).
El fiscal Daniel Hernández denunció al presidente Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego que el mandatario citara un artículo periodístico en el que lo señalaban de tener vínculos y alianzas con la banda criminal del Clan del Golfo.
“El señor presidente retuiteó una publicación de la Nueva Prensa del supuesto periodista Gonzalo Guillen en la cual manifiesta que yo he patrocinado y coadyuvado más de 200 homicidios del Clan del Golfo, masacres y desapariciones forzadas, una situación que es una total falsedad”, dijo el fiscal Hernández en su acusación.
En dicho artículo, se denunció que Hernández bloqueó las investigaciones en contra del grupo paramilitar en la costa norte de Colombia.
De acuerdo con lo denunciado por el periodista Gonzalo Guillén, Daniel Hernández recibió alertas e informaciones policiales sobre más de 200 homicidios que iban a ser cometidos por el Clan del Golfo en la costa norte, “pero permitió que se cometieran y enseguida comenzó a proteger a los 14 asesinos principales, quienes permanecen libres y continúan delinquiendo”, se lee en la investigación periodística.
“Hernández ha debido citar a comités urgentes de trabajo por estar en juego la vida de seres humanos y asignar tareas y comunicarse con la embajada de Estados Unidos, porque hay narcotráfico, y solicitar órdenes de captura. Pero nunca hizo nada”, le declaró un investigador del caso a La Nueva Prensa.
Después de conocerse la publicación del medio de comunicación, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para comentar el artículo:
“El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”, trinó el presidente.
