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Víctimas de ‘falsos positivos’ piden a coronel del Ejército que no diga mentiras y entregue las medallas

La diligencia se llevó a cabo en Barranquilla y participaron comparecientes que actuaron como reclutadores en la ejecución de 'falsos positivos'.
JEP (Vía Twitter)
La diligencia se llevó a cabo en Barranquilla y participaron comparecientes que actuaron como reclutadores en la ejecución de ‘falsos positivos’.
JEP (Vía Twitter)

“Mi hermano era una persona muy honesta, trabajadora (…) Los paramilitares nos desplazaron de la finca donde asesinaron mis hermanos. Salimos con lo que teníamos puesto. Perdimos cultivo, perdimos todo” narró Miguel Pedrozo, hermano de Keneddy Enrique Pedrozo, un trabajador que fue presentado como una baja en combate por parte de integrantes del Grupo de Caballería Mecanizado n° 2 ‘Coronel José Maunel Rondón’ —Gmron— durante la audiencia de observaciones de víctimas de ‘falsos positivos’ realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—.

En la diligencia, realizada en Barranquilla durante el martes 28 de marzo, el testimonio de Pedrozo fue uno de los tantos que conmovieron a la magistratura de la Sala de Reconocimiento presente en el acto voluntario, pues también contó que el crimen contra su hermano y su esposa ocurrió en la mañana 9 de febrero de 2007. Este hecho hizo que una bebé de cinco meses quedara huérfana. En ese sentido, pidió a la sala una respuesta sobre el paradero de la menor.

“Nosotros los tíos, familiares de esa niña, no sabemos si aún existe o qué hicieron ella. Señores magistrados, nosotros exigimos y les pedimos en carestía que se pongan la mano en el pecho a ver si nos ayudan a encontrar a esa niña y se reúna con sus familiares”, dijo también Miguel Pedrozo en su intervención.

Al respecto, el magistrado Camilo Ernesto Bernal calificó como una “carrera por la sangre” el actuar de los uniformados adscritos al Batallón de Caballería Mecanizado Rondón y las bajas de civiles que cometieron para después ser presentadas como guerrilleros abatidos. De paso, reiteró que en esos hechos segaron la vida “de trabajadores, campesinos (…) y que en particular son dolorosos porque sobrevivió un bebé que no tuvo la oportunidad de estar con su familia”.

“Invitamos a la sociedad colombiana a una reflexión acerca de qué fue lo que nos llevó a que pudiéramos tolerar la pérdida de vidas humanas como si fuera una cestión rutinaria, como si la vida de los seres humanos no tuviera ningún valor”, expuso Bernal en la diligencia.

Otro de los testimonios fue el de Blanca Elena Mejía, madre de Paolo Manuel Castro, quien fue presentado como baja en combate el 13 de noviembre de 2007 en el sector conocido como El Corral, en el municipio El Molino, La Guajira. Relató que cuando conoció ese crimen, ella vivía en Medellín y cuando su otra hija le comentó sobre la desaparición, lo primero que pensó fue que había muerto.

Durante esa búsqueda, un sujeto identificado como Boris las extorsionó y al no obtener el dinero que quería a cambio de ‘información’ sobre Paolo Manuel, amenazó a madre e hija con matarlas. Casi cuatro años después, recibió una llamada de la Fiscalía en la cual le avisaron el hallazgo del cuerpo de su hijo.

“Yo fui a El Molino con Tiberio Morales y mi hija a reconocer el cuerpo de mi hijo. Ya él estaba en los huecitos. ¿Usted cree que ese comandante (del cual se me olvidó el nombre) dijo que es inocente y no sabe nada? Que no diga mentiras, que entregue las medallas que se ganó. Acá habemos (sic) muchos que queremos saber la verdad, no el engaño”, dijo la señora Blanca Elena Mejía ante la magistratura.

Dijo que no perdonaba al mando militar mencionado y expresó “por mí que se pudra en la cárcel”.

"(...) De eso vengo enferma del corazón. Yo tengo tratamientos, cada tres meses me ven especialistas. Ellos —los militares implicados en la muerte de su hijo— van a ver por mí o me dicen 'vaya con los especialistas? No, no sean cínicos", reclamó Blanca Elena Mejía ante la JEP.
JEP (vía YouTube)
“(…) De eso vengo enferma del corazón. Yo tengo tratamientos, cada tres meses me ven especialistas. Ellos —los militares implicados en la muerte de su hijo— van a ver por mí o me dicen ‘vaya con los especialistas? No, no sean cínicos”, reclamó Blanca Elena Mejía ante la JEP.
JEP (vía YouTube)

Otras víctimas también recordaron ‘La última lágrima’, una camioneta negra en la que eran abordados muchos de los jóvenes que después fueron asesinados ilegítimamente. Martha Díaz, madre de Douglas Tavera, dijo al respecto que, a pesar de que varias entidades tenían conocimiento de la existencia de ese vehículo, no se hizo nada. “Nadie la detenía aunque sabían que en ella secuestraban a nuestros hijos para ser asesinados”, narró.

De acuerdo con el magistrado Oscar Javier Parra, existen más de 100 versiones voluntarias que corresponden al subcaso Costa Caribe del Caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

En ese sentido, el togado expresó a las víctimas su agradecimiento por exponer sus casos. “Valoramos profundamente le esfuerzo que han hecho para representar a sus queridos, admiramos su fortaleza y entereza. Su presencia aquí y la vehemencia con la que reclaman logra frenar el olvido y hacer memoria”, dijo.

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