La Junta de Fiscales Supremos tuvo ayer una reunión ante la votación que se iba a dar en el Congreso de la República sobre el caso de Zoraida Ávalos, quien afronta una acusación constitucional por presuntamente haber cometido omisión de funciones al no investigar al expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción cuando estaba en el gobierno. Sin embargo, la cita habría tenido sobresaltos.
Según fuentes recogidas por el diario La República, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría mostrado reparos para que el Ministerio Público emita un nuevo pronunciamiento de respaldo hacia Ávalos ante el pedido de inhabilitación de la función pública por cinco años. Alegó que ya habían sacado uno el 18 de enero pasado, lo cual consideró que era suficiente.
Sin embargo, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena le replicaron a Benavides que se debía sacar un nuevo pronunciamiento porque, más allá del caso de Ávalos, la Fiscalía iba a salir perjudicada con la decisión que iban a tomar en el Parlamento.
Finalmente, la Junta de Fiscales Supremos acordó sacar un documento de apoyo a Ávalos, pero no se logró un consenso sobre el contenido del mismo y la sesión terminó rápidamente.
Ayer se conoció que la votación del caso Zoraida Ávalos no se iba a tocar en la agenda del Pleno del Congreso.
De acuerdo a lo informado por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, el delegado del informe final, el parlamentario Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), solicitó una licencia por salud y no podrá sustentar el documento en la presente fecha.
A la fiscal Ávalos se le atribuye la presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) y la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
Por tal razón, en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se concluye que sea inhabilitada por cinco años por no haber proseguido con indagaciones preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por los casos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Petroperú y Provías.
“En una disposición del 4 de enero de 2022 señala que hay mérito para investigar a Pedro Castillo Terrones por tráfico de influencias en calidad de autor; y colusión, en calidad de partícipe, y otros delitos que se determinen en el curso de la investigación, debiéndose suspender hasta el final de su mandato”, se recoge en el informe de la SAC.
Ante las acusaciones, Ávalos decidió a defenderse públicamente de los delitos que el Parlamento le imputa.
“Es un móvil político, porque yo no he violado ningún artículo de la Constitución, no me he demorado, entonces no queda otra respuesta de que en realidad es un intento por copar las instituciones. […] Si logran destituirme, ya queda una plaza y tienen ahí personas en la lista, el primer lugar lo ocuparía la doctora Yanina Tapia, que ha sido la fiscal adjunta suprema del doctor Pedro Gonzalo Chávarry”, afirmó en entrevista con Latina Televisión.
“Yo decido abrir investigación contra Castillo el 4 de enero, no me demoro. Dirán que por qué suspendo, nunca se suspendió la investigación, los hechos se siguen investigando, lo que se suspendió con respecto a él es que no lo podía llamar a declarar”, agregó la exfiscal de la Nación.
“Hoy es con Zoraida Ávalos, mañana puede ser con alguno de ellos o con un miembro del Poder Judicial o con cualquier institución. Esa puerta no se debe abrir, la democracia hay que cuidarla sin un sistema de administración de justicia fuerte, no hay democracia sólida. Aquí el mensaje es ‘o te alineas a mis decisiones políticas o te boto’”, dijo para Exitosa.
