Los diputados de Morena mantienen su pugna en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ahora luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el criterio de “modo honesto de vivir” no puede ser requisito para acceder a un cargo público.
Fue en la Cámara de Diputados desde donde legisladores de Morena lanzaron señalamientos en contra de consejeros y magistrados de ambos órganos electorales, asegurando que al actualizar el criterio de modo honesto de vivir se buscó obstaculizar las candidaturas de aspirantes morenistas.
Los legisladores de ese partido respaldaron la determinación de la Suprema Corte que determinó invalidar este requisito. Hamlet García, secretario de la Comisión de la Reforma Política-Electoral consideró que tanto el INE como TEPJF idearon un “sistema tramposo” para despojar de candidaturas a Morena, especialmente a las ‘corcholatas’ que buscarán la Presidencia de la República por este partido en 2024.
El diputado dijo que se buscó aplicar sanciones administrativas acumulativas para después negar el registro a aspirantes. Y es que con esta actualización del modo honesto de vivir, el INE buscó frenar la participación de funcionarios que realizaron proselitismo durante los procesos electorales.
Mientras que la diputada Reyna Ascencio consideró que el contar con un “modo honesto de vivir” representa una presunción jurídica que no debe ser interpretada para definir si una persona puede o no aspirar a un cargo de elección popular.
En diciembre de 2022 el INE emitió los lineamientos para garantizar la neutralidad, imparcialidad y equidad electoral para funcionarios públicos, en donde se establecieron limitaciones sobre los mensajes que estos podían realizar en conferencias de prensa, informes de labores, entre otros.
Para estos lineamientos se actualizó el criterio de “modo honesto de vivir” para competir en elecciones por un cargo. Ahí, se planteó que personas que incurran en vulneraciones a la contienda electoral podrían ser sancionadas, con ello perder el modo honesto de vivir y la posibilidad de ser sancionados con su inhabilitación para contender por un cargo público.
Las medidas se actualizaron luego de que la Sala Superior Tribunal Electoral detectó la intervención de funcionarios públicos durante el proceso electoral en el estado de Tamaulipas, en el marco del destape de las corcholatas de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quienes emprendieron giras por estados con procesos electorales en curso.
Sin embargo, esta medida se impugnó desde la Presidencia de la República y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró su invalidez, con lo que el INE deberá emitir nuevos lineamientos para la imparcialidad y neutralidad de los comicios sin que en ellos se incluyan infracciones y sanciones que no están previstas en la Constitución.
Durante la sesión del martes 7 de febrero, la Corte invalidó los nuevos criterios establecidos al modo honesto de vivir, asegurando que existía una contradicción de criterios al existir una ponderación subjetiva, esto es, que el concepto es ambiguo en su concepto, dependiendo quién opine sobre ello.
Luego del fallo del máximo tribunal del país, la Presidencia de la República afirmó que en su momento se afirmó que el INE excedió sus atribuciones, restringiendo indebidamente los derechos político-electorales de funcionarios públicos.
Además, trajo de vuelta a la discusión el Plan B electoral, pues afirmó que con este paquete de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se delimitaron las facultades del Instituto Nacional Electoral ante su tendencia de emitir normativas que son ajenas a sus facultades.
Desde mediados del año pasado, Morena promovió reformas con las que buscó modificar la ley y con ello regular la figura de “modo honesto de vivir” como obligación para que una persona acceda a un cargo de elección popular.
