Desde hace tiempo, distintas asociaciones de jueces y fiscales vienen reclamando al Ministerio de Justicia una subida salarial, ya que insisten en que sus retribuciones llevan congeladas desde el año 2003. El pasado miércoles se produjo la tercera reunión entre los profesionales y el departamento que dirige Pilar Llop, que concluyó sin acuerdo. Sin embargo, el colectivo de jueces y fiscales ha decidido posponer el inicio de la huelga.
Hasta el momento todavía no se conoce cuál será la fecha elegida, lo que sí está claro es que las asociaciones considera “insuficiente” la oferta del Gobierno de elevar su salario casi 500 euros al mes. Y es que, estos profesionales consideran que no solo hay que subir el salario sino estructurarlo de otra manera. A esto se suma también la modernización de la institución y la falta de medios o la adecuación presupuestaria. Sin embargo, en este escenario hay otra cuestión sobre la mesa, y es si los jueces tienen derecho a huelga o no. Una cuestión que provoca discrepancias de opinión entre los miembros de la Carrera Judicial.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un papel fundamental en esta cuestión, ya que es el órgano encargado de establecer los servicios mínimos que deben mantenerse durante los paros. Además, debe avalar la convocatoria de los paros tanto en la forma como en el plazo legal. Una vez establecidas estas cuestiones el Gobierno debe aprobar la retirada de la parte correspondiente del salario por haber llevado a cabo la huelga. De esta forma, se da por hecho que se acepta la convocatoria y se permite que lleven a cabo este derecho.
Se trata de una tesitura en la que los jueces ya han puesto en el pasado tanto el CGPJ como al Gobierno. Y es que, la huelga que han convocado las asociaciones es muy similar a los parones anunciados durante los años 2009 y 2012. Durante la primera de estas fechas, el CGPJ decidió rechazar la convocatoria de la huelga de los jueces tanto que entendían que no había “cobertura legal” para el ejercicio de huelga por parte de los jueces. Así, explicaron que el 18 de febrero (fecha en la que iba a llevarse a cabo los peros) los jueces y magistrados deberían estar en sus puestos de trabajo.
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Posteriormente, en el año 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, los jueces volvieron a anunciar una huelga y solicitaron al CGPJ que estableciera los servicios mínimo. El máximo órgano de los jueces emitió un comunicado rechazando esta convocatoria, donde empleó los mismo motivos que había alegado tres años antes, no había “cobertura legal” para que se pudiera llevar a cabo una huelga.
El CGPJ durante este año, decidió seguir la misma línea que años anteriores y no estableció los servicios mínimos que permitían la huelga. Sin embargo, durante ese año, la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado, decidió retirar de la retribución de los jueces lo correspondiente a la jornada de pares. Esto supuso un reconocimiento del derecho a la huelga de los jueces y, además, marcó un antes y un después en esta cuestión, ya que era la primera vez en la historia que el Gobierno descontaba la parte proporcional del sueldo por hacer huelga. Una cuestión que podría marcar la convocatoria de este año.
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