Latino News Today
Sin categoría

Esta es la historia de una comunidad indígena que vive bajo un puente en la frontera con Venezuela

Debido a las condiciones a las que se encuentran expuestos los miembros de esta comunidad, la Corte Constitucional les otorgó medidas de protección, a través de la sentencia T-713 de 2017. Juan Arredondo/DeJusticia.
Debido a las condiciones a las que se encuentran expuestos los miembros de esta comunidad, la Corte Constitucional les otorgó medidas de protección, a través de la sentencia T-713 de 2017. Juan Arredondo/DeJusticia.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), desde su observatorio de derechos humanos, hizo un llamado al Estado colombiano por la situación del pueblo yukpa de Uchapectatpo, una comunidad en riesgo de extinción física y cultural, localizada en la frontera con Venezuela.

La Onic explicó que desde hace una década la comunidad se asienta en las cercanías del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, por la ribera del río Táchira. Se trata de al menos 120 familias, la mayoría de habitantes son niñas, niños, adolescentes, madres gestantes y adultos mayores.

Se denunció que los miembros de esta comunidad no han podido acceder a la oferta institucional colombiana, ya que son tratados como migrantes venezolanos, en lugar de ser considerados como un pueblo plurinacional.

La situación se ve agravada por la exclusión de la comunidad de los procesos de formulación en las políticas públicas locales, por lo que se enfrenta a barreras para la atención de salud integral. Muchos de los miembros de esta comunidad se enfrentan a desnutrición, infecciones y carencias en el acceso a aguas potables y la correcta disposición de residuos.

A pesar de que la comunidad pudo construir un centro educativo, gracias a los aportes de privados, este no se encuentra en funcionamiento, ya que no cuenta con docentes. Por esto, los niños deben desplazarse a otros centros educativos donde no se atiende a sus necesidades desde un enfoque diferencial.

Gran parte de la comunidad habita en cambuches, construidos a partir de desechos industriales. Materiales que no garantizan su salud, seguridad e integridad, sobre todo en las épocas de lluvia.

Finalmente, desde la Onic solicitó a la Alcaldía de Cúcuta y a la Gobernación del Norte de Santander que se adopte un plan para atender las necesidades de la comunidad yukpa, desde un enfoque diferencial que respete, reconozca y garantice el respeto a sus costumbres.

Recalcó la importancia de que este proceso se haga de forma transversal con instituciones de orden nacional, tales como los ministerios de Salud, Vivienda y Educación. Así mismo pidieron atención por parte de la situación por parte de la Registraduría Nacional, el Icbf y la Unidad de Gestión del riesgo.

El 21 de mayo, la alcaldía de Bucaramanga desarrolló un proceso de retorno voluntario para 37 familias de esa comunidad, que se habían asentado en el parque Romero y en la zona del obelisco. Uno de los funcionarios de esa ciudad aseguró en su momento los indígenas “regresaban a su país de origen” (Venezuela) gracias al trabajo orientado por esa administración.

La misma semana en que se trasladaba a las familias yukpa de Bucaramanga, Esneda Saavedra Restrepo, líder de la comunidad, inició un viaje por Europa con el fin de denunciar y visibilizar entre la comunidad internacional las necesidades y precaria atención que es otorgada a situación por parte de los estados Colombiano y Venezolano.

Tradicionalmente, los Yukpa de Uchapectatpo se ubican en el departamento colombiano del Norte de Santander y en el estado venezolano de Zulia, en la serranía del Perija. @resist_glencore/Twitter.
Tradicionalmente, los Yukpa de Uchapectatpo se ubican en el departamento colombiano del Norte de Santander y en el estado venezolano de Zulia, en la serranía del Perija. @resist_glencore/Twitter.

Tradicionalmente, los yukpa de Uchapectatpo se ubican en el departamento colombiano del Norte de Santander y en el estado venezolano de Zulia, en la serranía del Perijá. Se trata de una comunidad binacional, con tradiciones seminómadas, gran parte de sus miembros asentados en Venezuela se desplazaron a territorio colombiano, debido a las crisis social que vive el país fronterizo.

Desde 2018 la organización Dejusticia realiza el acompañamiento jurídico de esta comunidad, mientras que la asistencia social ha sido brindada por el Servicio Jesuita de Refugiados. Desde este mismo año se ha denunciado las precarias condiciones a las que esta comunidad se encuentra sometida, pues no solo son víctimas de las precarias condiciones materiales, sino que también habitan en zonas disputadas por Grupos Armados Organizados (Gao) como el Clan del Golfo.

Enlace a la fuente