Buenos Aires, 13 ene. El Gobierno argentino convocó este viernes la celebración, entre el 23 de enero y el 28 de febrero, durante el receso estival, de sesiones extraordinarias en el Congreso, para tratar proyectos como el polémico juicio político que el oficialismo impulsa contra los jueces de la Corte Suprema.
El presidente, Alberto Fernández, dispuso por decreto la convocatoria para tratar 27 temas, entre los que también se encuentran los no menos controvertidos proyectos del Ejecutivo para la ampliación del Supremo y la reforma del Consejo de la Magistratura, órgano que nombra, sanciona y remueve a los jueces.
La Constitución argentina establece que las Cámaras de Diputados y Senadores se reúnen en sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, aunque matiza que pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente o prorrogadas sus sesiones, algo que suele ocurrir todos los años.
El oficialismo impulsa en el Congreso el juicio político a los cinco magistrados de la Corte Suprema, después de que Fernández acusara de “mal desempeño de funciones” al presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, y al resto de sus integrantes por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
Para juzgar al Supremo se requiere de la intervención de ambas Cámaras con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, cifra con la que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición.
“Mientras siga este atropello contra la Corte Suprema no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos”, informó la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, contraria a las iniciativas que promueve el Ejecutivo en el terreno judicial.
El Gobierno impulsa también la ampliación de la Corte, de 5 jueces a 15, para garantizar, según han argumentado los senadores oficialistas, la representación de las diferentes provincias del país. Ese proyecto ya fue aprobado el año pasado por el Senado, aunque resta su debate y eventual aprobación en la Cámara Baja.
Ambos proyectos surgieron del enfrentamiento del Gobierno con el Supremo, en primera instancia a raíz del proceso judicial contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, por irregularidades en la concesión de obras públicas durante sus mandatos (2007-2015), quien fue encontrada culpable y condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La vicepresidenta goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 y tiene el derecho de apelar la sentencia para que sea revisada ante tribunales superiores.
A esto se suma el conflicto entre el Gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires -que lidera el opositor Horacio Rodríguez Larreta-, por un fallo del Supremo que obligó a restituir fondos fiscales a la capital -que Fernández acató, a regañadientes aunque lo calificó de “fallo político”-, y por las acusaciones impulsadas por el Ejecutivo central respecto al supuesto vínculo de un ministro porteño en una presunta trama de corrupción que incluye a jueces.
