A comienzo de mayo, la plenaria del Senado aprobó con 71 votos a favor y 10 en contra el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el sector opositor señaló su completo desacuerdo debido a que consideran que en el documento existen varias irregularidades, es por eso que en los últimos días se han dado a conocer varias denuncias ante la Corte Constitucional en contra de que este documento pueda ser implementado.
Pese a que al principio cada uno de los senadores y representantes del Centro Democrático comenzaron a mencionar las diferencias con el Plan Nacional, este 25 de mayo en la mañana decidieron unirse como partido para demandar el documento. De acuerdo con el senador Miguel Uribe, además de ser un proyecto que no le conviene a los colombianos, se aprobó a “pupitrazos” y se habrían producido “vicios de procedimiento insubsanable” el día que fue debatido.
“El Gobierno de Gustavo Petro se acostumbró a ‘pupitrear’ las reformas y los proyectos en el Congreso para evitar la deliberación pública, el debate transparente, la profundidad en los temas y, especialmente, violar los derechos de la oposición. Es por eso que voy a presentar una acción de inconstitucionalidad para demostrar vicios de trámite y procedimiento ante la Corte Constitucional, para proteger los derechos de los ciudadanos, pero, especialmente el Estado de Derecho y el sector productivo, que hoy está en riesgo”, dijo hace algunos días el senador opositor.
Otro motivo por los que los funcionarios presentaron la demanda fue debido a que consideran que el plan como se encuentra en la actualidad aumenta el riesgo de corrupción, promueve la expropiación, dificulta la transición energética y deteriora el sector productivo. Además, agregan que desde la bancada de Gobierno se habría agregado varios artículos y temas que no se habían socializado con los ciudadanos y con otros sectores.
Esta demanda se suma a la interpuesta por Marco Acosta, el concejal de Bogotá por el partido cristiano Colombia Justa Libres, bajo el argumento de inconstitucionalidad, especialmente por el artículo 82, que dice: “Las Entidades Públicas podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. De igual forma, las Entidades Públicas podrán reservar la contratación de programas o políticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos”.
El anterior a creador resistencia en diferentes sectores debido a que podría abrir una puerta preocupante a los temas de corrupción y hasta justificación a personas que ya han sido o están siendo investigadas por este tipo de crímenes bajo la figura de Asociaciones Público-Populares.
Por ejemplo, en este sentido, el representante del Centro Democrático, Christian Garcés cuestionó, según citó El Tiempo: “El Ejecutivo va a poder contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro. ¿Quién va a controlarlo? A lo largo de todo el país van a estar repartidos ‘contratitos’ de 1.000 millones de pesos”.
Otro argumento dado a conocer por la bancada de los conservadores, que hace poco se distanciaron del Gobierno, es que el texto tiene un artículo que legitima la expropiación: “Hay una figura de expropiación que pondrá en peligro la propiedad privada en el campo rural de los colombianos que hemos defendido en el partido”, dijo el presidente del partido, Efraín Cepeda.
Y agregó como lo citó El Nuevo Siglo: “En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar”.
Estas acciones podrían hacer que se caiga la ley. Pero pro ahora los argumentos se encuentran siendo estudiados por la Corte Constitucional.
