Desde Chile, se dio a conocer que la Cancillería de Chile citó al embajador de Perú, Fernando Rojas, para que asista este jueves por la tarde al Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago. Esta respuesta se produce debido a las declaraciones que realizó el alcalde de Tacna, Pascual Güisa, respecto a la crisis por la presencia de migrantes en la zona fronteriza.
El burgomaestre calificó en una entrevista al presidente Gabriel Boric como “irresponsable”, a la vez que lo acusó de “no tomar las medidas adecuadas” para detener la crisis que se produce entre Tacna y Arica. Recordemos que el domingo pasado, un reportaje periodístico mostró a carabineros de Chile mostrándoles el camino a los migrantes para que puedan pasar a Perú de manera irregular.
“No debemos permitir que un innombrable, y discúlpeme, pueblo chileno, irresponsable, como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera”, dijo Güisa en declaraciones a CNN. Esto generó la molestia de La Moneda y por ese motivo el canciller Alberto van Klaveren citó al embajador de Perú en Chile.
Asimismo, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, se refirió a las palabras del alcalde peruano, y comentó que palabras como esas “no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo al tipo de fenómeno que tenemos al frente y al rol que nos corresponde a las autoridades para manejarlo de la manera más adecuada”. Agregó que su país vive todos los días el desafío que impone la migración, y la asumen con responsabilidad, entendiendo la magnitud que tiene este fenómeno.
Sin embargo, Tohá afirmó que mantiene contacto con Perú desde el primer momento, para ver el traslado de las personas a sus países de origen y para coordinar el apoyo humanitario. “Si no pueden trasladarse, que tengan condiciones, especialmente cuando hay niños, niñas y adolescentes, para que no los pongan en una situación de mayor vulnerabilidad”, apuntó.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló esta tarde a la prensa que el gobierno dispuso declarar en estado de emergencia las fronteras del país, para permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el orden interno. De esta manera, se podrá evitar que sigan ingresando extranjeros sin regularización migratoria, “porque esto viene afectando la seguridad del país”.
En otro Decreto Supremo, se da un plazo de seis meses para aquellos extranjeros que han ingresado irregularmente al país, para que registren sus diez huellas y saber cuántos son, dónde viven, qué teléfono tienen y a qué se dedican. “Sino no van a poder continuar en el país de manera legal”, dijo.
Otárola agregó que en el país hay más de un millón 500 mil venezolanos. “La inmensa mayoría hace un trabajo leal, honrado, que contribuye con el PBI, pero hay un importante sector que está cometiendo delitos. A ellos nos dirigimos. Si no regularizan su situación migratoria, se van a tomar las medidas que correspondan. No queremos que sigan delinquiendo”, precisó.
Sobre la crisis en la frontera, refirió que han venido atendiendo desde el punto de vista humanitario. A través de Cancillería se viene coordinando con organismos como Acnur para que se le dé toda la asistencia a los migrantes. Dijo que los ministros del Interior y de Defensa viajará a Tacna en las próximas horas.